De Llallagua a Cochabamba

 

JUNTO a la bocamina de Cancañiri, una de las antiguas minas de estaño de Patiño, en Llallagua, al norte del departamento de Potosí, a más de 4.000 metros de altura, están las paredes del frontón de pelota vasca más alto del mundo. El frontón se recorta contra un panorama duro, desértico, salvaje, de un color verdiamarillo de la paja brava y la llareta, barrido por el viento. Pero al margen de curiosidades, en Llallagua permanece vivo el recuerdo de la guerrilla guevarista de 1967 y sobre todo de la matanza perpetrada por el ejército la noche de San Juan de ese año. Un recuerdo, entre muchos otros, en el que fundar un presente hecho de reivindicaciones sociales largamente silenciadas y diferidas.

Al amanecer, en Llallagua, los mineros arrancan cerro arriba a meterse en las galerías de las bocaminas para buscar vetas propicias y arañar el mineral. Cerrada la explotación industrial, ahora mismo se explota con medios rudimentarios propios de un grabado del siglo XVI o del tratado de Barba. Está lejos de agotarse la minería boliviana y con ella la fuente de divisas con las que pagar proyectos políticos de varias clases. Cuando se creía agotado el mineral, algo más abajo, en Huanuni, han encontrado un filón de estaño extraordinariamente rico.

En otro clima más amable, en las terrazas de El Prado de Cochabamba y en las mesas de los restaurantes de la jijelife local, donde <<no entrarán nunca los cholos>>, se conspira abiertamente contra el gobierno de Evo Morales y contra el revocatorio del próximo diez de agosto. Los comentarios van de la burla al sarcasmo, como si se esperara que sucediese algo irreparable. Se trata de tumbar a Morales, a pesar de que las organizaciones obreras e indigenistas digan que el proceso político que llevó al MAS al gobierno es irreversible, y eso que entre los indígenas originarios hay ya rumor de fronda contra el gobierno.

Cochabamba es la puerta del Chapare, la región que más coca produce de Bolivia; una coca inapropiada para ser mascada y muy apropiada en cambio para ser procesada para obtener cocaína (a cinco euros el gramo), cosa que preocupa más a unos que a otros, felices de haber expulsado a los norteamericanos de USAID.

A otra gente, menuda y numerosa, lo que le preocupa es lo que pueda pasar con las expulsiones <<racistas>> de inmigrantes por parte de las autoridades españolas. Un asunto que la prensa boliviana azuza sin recato, confundiendo la declaración de derechos humanos con la normativa particular de los países. Las acusaciones recíprocas de racismo se suceden.

Entre tanto, en las calles de Cochabamba, con la dulzura del aire, el lujo de las buganvillas, las hojas rojas del pascuero y las palmeras, a la vista de las manchas nevadas del Tunari, permanece vivo el recuerdo de un brutal asesinato de tinte racial que ilustra de manera clara la profunda división de la sociedad boliviana.

En enero de 2007, se produjeron unos enfrentamientos extraordinariamente violentos entre campesinos cocaleros y lo que se ha dado en llamar <<clase media>>, un fenómeno bastante singular al que no se le presta la atención que merece. Los cocaleros habían tomado Cochabamba e incendiado la Prefectura –todavía pueden verse las huellas-. Hubo persecuciones callejeras de blancos, t’alas, y apaleamiento de c’alas, indígenas. Entre unos y otros, más de 60.000 personas enfrentadas ocuparon las calles. Hubo tres muertos y cientos de heridos.

Entre los fallecidos, Cristian Urresti, de 17 años, que había salido con toda su familia a la calle para protestar, de manera legítima, contra la ocupación de la ciudad por parte de los cocaleros. Urresti murió apaleado cuando intentó proteger a su padre del ataque de unos campesinos (que la versión oficial reduce a <<matones>>) y fue colgado de un árbol en las puertas de una coqueta capilla metodista. En ese lugar se encienden a diario velas y se ponen ramos de flores en recuerdo del muchacho. Asunto inolvidable, como tantos otros, perpetrados ora por unos, ora por otros. La memoria histórica tiene dos direcciones; conviene no olvidarlo. No ha habido detenciones y los testigos presenciales de los hechos han sido presionados para no hablar. La fiscal encargada del caso ha cerrado una investigación oficial cerrando el paso al hallazgo de los autores del crimen. La de la ineficacia de la administración de justicia boliviana es una queja generalizada algo más que callejera. Es de temer que Cristian Urresti fue asesinado por blanco más que por otra cosa. Ese mismo día, en otra calle, un joven asesinó a tiros a un cocalero que dejó a su espalda una familia en la penuria. Su asesino, en cambio, sí fue detenido, juzgado y condenado. Dos medidas, dos países, dos mártires, dos cultos, como mínimo claro, en la geografía de las treinta y seis etnias, y los pueblos que se reconocen apenas y que conviven apartados, ajenos a elementales principios de igualdad, legalidad y esa fraternidad que nos resulta inalcanzable.

*** El artículo, enviado al diario ABC, de Madrid, nunca se publicó. Mayo o junio de 2008.

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